Con
frecuencia se habla que las personas de negocios y las empresas carecen de la
certeza necesaria para poder llevar a cabo sus operaciones en un ambiente
propicio. Factores como la corrupción, la calidad del servicio eléctrico y la
burocracia excesiva se encuentran entre los principales obstáculos para hacer
negocios en la República Dominicana, de acuerdo al Foro Económico Mundial y otros organismos.
En los más
reputados informes sobre competitividad y facilidad de negocios a nivel mundial
por igual se plantea la necesidad de formular estrategias tendentes a
fortalecer el conjunto de garantías otorgadas por los Estados, de modo que esos
derechos que asisten a los particulares y las firmas no sean violentados.
Así pues,
la seguridad jurídica deviene en un activo para aquel país que ha logrado
configurar la necesaria certeza y previsibilidad que permita al inversionista
(nacional o extranjero) ponderar con anticipación sus derechos y deberes. Es
una garantía también para que las “reglas de juego” no sean cambiadas
drásticamente, en perjuicio de aquel, que si bien asumió los riesgos propios de
todo negocio, lo hizo en un marco previamente establecido.
Los países
en desarrollo como el nuestro deben tener especialmente en cuenta el impacto
que tienen los giros en las políticas de los gobiernos. Ponemos el caso del
régimen impositivo. Un inversionista que llegó atraído por las ventajas de un
esquema preferencial, puede verse obligado a retirarse del país, si de buenas a
primeras se modifica o elimina el incentivo.
En la
región de América Latina y el Caribe algunos países realizan esfuerzos en
procura de brindar la tan anhelada seguridad jurídica al inversionista. En
Colombia, por ejemplo, encontramos los llamados Contratos de Estabilidad
Jurídica. Éstos son instrumentos legales, en efecto contratos, firmados entre individuos
(o empresas) y el Estado colombiano. La particularidad de este tipo de
contrato, es que su régimen normativo especial ofrece al firmante la certeza en
que el Estado le aplicará la normativa tributaria vigente al momento de la suscripción
del contrato.
Otro enfoque
es el empleado por Honduras con la denominada Zona de empleo y Desarrollo Económico
(ZEDE). Se trata de un área especial que forma parte del territorio hondureño y que cuenta con su propio sistema político,
económico, administrativo y judicial. Es una especie de “país dentro de un
país”. La ZEDE se encuentra por lo tanto fuera del ámbito de jurisdicción que
aplica al resto de la nación. Verbigracia: la aplicación de ciertas leyes y
normativas de carácter tributario, pueden ser suspendidas al interior de la
ZEDE.
