La Seguridad Jurídica como Activo de los Países

Con frecuencia se habla que las personas de negocios y las empresas carecen de la certeza necesaria para poder llevar a cabo sus operaciones en un ambiente propicio. Factores como la corrupción, la calidad del servicio eléctrico y la burocracia excesiva se encuentran entre los principales obstáculos para hacer negocios en la República Dominicana, de acuerdo al Foro Económico Mundial y otros organismos.

En los más reputados informes sobre competitividad y facilidad de negocios a nivel mundial por igual se plantea la necesidad de formular estrategias tendentes a fortalecer el conjunto de garantías otorgadas por los Estados, de modo que esos derechos que asisten a los particulares y las firmas no sean violentados.

Así pues, la seguridad jurídica deviene en un activo para aquel país que ha logrado configurar la necesaria certeza y previsibilidad que permita al inversionista (nacional o extranjero) ponderar con anticipación sus derechos y deberes. Es una garantía también para que las “reglas de juego” no sean cambiadas drásticamente, en perjuicio de aquel, que si bien asumió los riesgos propios de todo negocio, lo hizo en un marco previamente establecido.

Los países en desarrollo como el nuestro deben tener especialmente en cuenta el impacto que tienen los giros en las políticas de los gobiernos. Ponemos el caso del régimen impositivo. Un inversionista que llegó atraído por las ventajas de un esquema preferencial, puede verse obligado a retirarse del país, si de buenas a primeras se modifica o elimina el incentivo.

En la región de América Latina y el Caribe algunos países realizan esfuerzos en procura de brindar la tan anhelada seguridad jurídica al inversionista. En Colombia, por ejemplo, encontramos los llamados Contratos de Estabilidad Jurídica. Éstos son instrumentos legales, en efecto contratos, firmados entre individuos (o empresas) y el Estado colombiano. La particularidad de este tipo de contrato, es que su régimen normativo especial ofrece al firmante la certeza en que el Estado le aplicará la normativa tributaria vigente al momento de la suscripción del contrato.

Otro enfoque es el empleado por Honduras con la denominada Zona de empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Se trata de un área especial que forma parte del territorio hondureño y  que cuenta con su propio sistema político, económico, administrativo y judicial. Es una especie de “país dentro de un país”. La ZEDE se encuentra por lo tanto fuera del ámbito de jurisdicción que aplica al resto de la nación. Verbigracia: la aplicación de ciertas leyes y normativas de carácter tributario, pueden ser suspendidas al interior de la ZEDE. 

Los Contratos de Estabilidad Jurídica y las ZEDEs son dos muestras de esquemas, que si bien son distintos en cuanto a su estructura, tienden a converger a un mismo fin: ofrecer alternativas que generen confiabilidad en el inversionista, especialmente al extranjero, ante modificaciones bruscas, y en ocasiones arbitrarias, del marco jurídico vigente. Estas tendencias nos convocan a estudiar y ponderar estos instrumentos, o incluso, a crear nuestros propios diseños, ajustándolos a la realidad concreta que vivimos.