Actualidad y Perspectivas del Sistema de Solución de Controversias de la OMC

El sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) constituye uno de los logros más notables del régimen multilateral de comercio. Al concluir la Ronda de Uruguay de negociaciones comerciales, el mundo celebró el hecho de que se estableciera una organización de la magnitud de la OMC, en un contexto de incipiente globalización. Pero cabe preguntarse: ¿de qué serviría tener la organización más perfecta del mundo, si no se tienen normas eficaces para resolver las controversias que naturalmente pudieran derivarse de las relaciones entre sus Miembros?

La palabra controversia, etimológicamente implica dos versiones encontradas o contrarias sobre un asunto en particular. Las partes difieren en su percepción de una cuestión: una parte alega que tal o cual medida es incompatible con cierta norma, mientras que la otra parte difiere al respecto, y en su opinión, dicha medida no es contraria a la norma y se justifica su mantenimiento sobre la base de argumentos lógicos.

Dondequiera que haya relación entre dos o más personas, empresas, o en el caso que nos ocupa, Estados (más precisamente, Miembros de la OMC), siempre existirá la posibilidad de que ocurran controversias. En muchas ocasiones, las controversias no pueden evitarse. Ahora bien, lo que si puede evitarse es que esa controversia degenere en conflicto y que ese conflicto lleve a consecuencias potencialmente negativas para las partes en litigio y para los demás Miembros de la Organización. Ahí es donde entra en juego el sistema de solución de diferencias de la OMC.

La OMC debe parte de su efectividad y éxito al mecanismo de solución de diferencias con que cuenta. Los números hablan por sí mismos, basta referirnos a las estadísticas (509 consultas iniciadas hasta julio del 2016) para subrayar la confianza que han depositado los Miembros en el sistema. Una cantidad considerable de estos casos se han resuelto en la etapa de consultas, lo que hace entrever, que el sistema a su vez, constituye un foro dónde los Miembros de la OMC pueden dialogar en confianza y encontrar una solución armoniosa a su diferencia.

Producto de la confianza y seguridad que reviste el sistema, los países en desarrollo, como el nuestro, han accedido cada vez más el mismo, embarcándose en procesos que en algunas de las ocasiones pueden llevarlos por aguas turbulentas, pero que en definitiva, el riesgo asumido es recompensado cuando se prueban las mieles de la victoria.

No obstante la eficacia que ha demostrado el sistema y la confianza con que cuenta, existen algunos puntos que empañan el desempeño del sistema como conjunto. La realidad es que para algunos países un procedimiento particularmente extenso puede acarrear múltiples inconvenientes, tomando en cuenta que mientras transcurre el proceso se mantiene la medida incompatible que produce daño económico.

Para complicar el cuadro, el sistema no contempla la adopción de medidas provisionales, tal como la suspensión temporal de la disposición atacada mientras dure el proceso, que puedan servir para aliviar la presión del reclamante. A esto hay que agregarle, que aún si el reclamante resulta victorioso en su caso, éste no recibe ninguna reparación, ni resarcimiento económico alguno por el daño causado por la otra parte o las costas legales en las que ha incurrido. La OMC no impone “multas” ni “indemnizaciones”.

Pero tal vez aún más preocupante es que el Panel, o en su caso, el Órgano de Apelación, únicamente emiten “recomendaciones” a los Miembros de la OMC, es decir, sus determinaciones no tienen un carácter imperativo. Esto significa, independientemente de las causas que lo motiven, que si un Miembro incumple las recomendaciones, el Miembro que resulte victorioso no tiene como obligarlo, ni puede ir más allá del uso de los remedios que autoriza y permite la OMC (Compensación, Retorsión, etc). Hay que tener en cuenta el impacto devastador de este escenario para los países en desarrollo, especialmente en el caso de las economías frágiles y en transición, sin posibilidades de inducir al cumplimiento a otro Miembro más poderoso.

A pesar de las flaquezas antes expuestas y otras que puedan identificarse, no cabe imaginarse la OMC funcionando como la conocemos actualmente sin el sistema de solución de diferencias como fue establecido a finales de la Ronda de Uruguay. Un punto de inflexión lo fue sin dudas el cambio en la forma en que se adoptan ciertas decisiones (del consenso positivo al consenso negativo) lo que supuso una verdadera revolución del sistema, que lo fortaleció e hizo más eficiente.

En el viejo modelo del GATT de 1947 las decisiones trascendentales (Constitución del Panel, Adopción de Informes, etc.) se tomaban bajo el consenso positivo, o sea, que para tomar una decisión sobre una disputa todas las partes contratantes del GATT debían estar de acuerdo con la misma (incluyendo el demandado!). En el consenso negativo, en cambio, todos los Miembros deben estar en contra para bloquear las decisiones (incluyendo el reclamante), lo que eleva su utilidad práctica.

Los grandes ganadores de este cambio fueron, con poca discusión, las grandes potencias comerciales. Aunque los países en desarrollo han aumentado su cuota de actuación en los últimos años y cuentan con ventajas y tratos especiales inherentes a su condición, todavía falta mucho camino por recorrer, en particular a los países menos adelantados. Haití por ejemplo, nunca ha participado en un proceso.

Nuestro país había ostentado una postura pasiva hasta que en el año 2012 se iniciaron consultas con Australia por motivo de las medidas de empaquetado genérico de productos de tabaco, que dispuso este último país. Los demás casos de la República Dominicana incluyen siete como demandado (cuatro de ellos conocidos por un mismo Panel) y nueve casos en los que ha participado en calidad de tercero.

Para la República Dominicana, el haber sido partícipe del sistema ha sido tanto una oportunidad como un reto. Debilidades institucionales, falta de personal técnico capacitado, así como las propias limitaciones económicas, representan dificultades a superar en el mediano plazo, si queremos mejorar nuestras probabilidades de victoria en unos procesos tan complejos como los que se presentan ante la OMC.

Un buen desempeño ante un proceso en la OMC depende de varios factores, dentro de los cuales podemos destacar el factor humano. Es evidente que los países que tienen buenos recursos humanos, son aquellos que muestran un mejor manejo de los asuntos procesales y jurídicos de un proceso ante la OMC.

El contar con un equipo especializado en comercio exterior y específicamente en el derecho de la OMC es una meta que debe plantearse todo país que desee fortalecer su actuación en este campo y defender efectivamente sus derechos que le corresponden como Miembro de la organización. Algunos países, por ejemplo, llevan sus propias controversias ante la OMC, sin la necesidad de recurrir a oficinas de abogados externas.

La República Dominicana necesita hacer los ajustes necesarios si desea posicionarse favorablemente en el frente de batalla. La capacitación del personal es de suma importancia, así como asegurar la permanencia y estabilidad en los cargos. Bien es sabido, que la curva de aprendizaje en estos procesos es bastante larga y solo a través de años de experiencia se construyen las capacidades.

Finalmente, podemos establecer, que si bien no podemos cambiar la experiencia pasada que hayamos tenido como país, independientemente si la misma fue buena o mala, podemos utilizar esa experiencia para el porvenir, influyendo en el acontecer de nuestras actuaciones futuras y mejorando nuestro desempeño ante este foro, para beneficio de todos los dominicanos.